ESTADOS UNIDOS
Una serie de casos anecdóticos es lo único con que cuenta el gobierno, por el momento, al hablar de fraudes a la ley de inmigración, cometidos por notarios y consultores no acreditados. Una nueva iniciativa lanzada esta semana pretende modificar este problema, además de ampliar las investigaciones, conocimiento y acusaciones para combatir las estafas.
Los casos son conocidos, sobre todo debido a los miles de dólares que familias o individuos entregan con la esperanza de arreglar su situación migratoria, que terminan en nada. “Existe muchas estafas. Personas que se presentan como abogados de inmigración y llenan documentos, cometiendo errores que pueden perjudicar el proceso”, aseguró Nury Márquez, directora del Comité Hispano de Virginia.
“Necesitamos que la gente se acerque, haga preguntas y se informe. Solo podemos actuar respecto a lo que conocemos”, explicó el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Alejandro Mayorkas en entrevista con La Opinión.
Desde enero de 2010, USCIS ha liderado asociaciones con grupos comunitarios, locales y estatales, además de otras agencias federales, para desarrollar una nueva iniciativa que combata la práctica no autorizada de la ley de inmigración (UPIL).
Esta se basa en varios frentes. El primero es el aumento del control, investigación y acciones judiciales contra los estafadores. Para esto se firmó un memorándum de entendimiento con la Comisión Federal de Comercio (FTC) para que USCIS tenga acceso a la red de vigilancia al consumidor (Consumer Sentinel Network) y puedan complementar la información disponible.
“Los investigadores en todas las agencias involucradas pueden ir a la base de datos, leer las quejas e identificar testigos para construir casos. Antes de este sistema, los reportes eran archivados en diferentes lugares en el país y las agencias federales de control no podían acceder a ellos. Eso hacía más difícil procesar a los notarios”, explicó Brad Winter, abogado de FTC.
Un segundo aspecto es la educación del público, para que sepa identificar las potenciales estafas, a través de una campaña que resalta el mensaje de “la ayuda equivocada puede perjudicarle”.
Finalmente, se espera incrementar el número de organizaciones y representantes acreditados, reconocidos por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). La iniciativa se lanzará en siete ciudades: Atlanta, Baltimore, Detroit, Fresno, Los Ángeles, Nueva York y San Antonio.
Como parte del lanzamiento, el gobierno dará a conocer cerca de 69 casos de estafas: 16 federales, 44 estatales y 9 locales. Las otras agencias federales involucradas en UPIL serán el Departamento de Justicia, FTC, junto al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, en el área de investigaciones.
“Nos parece que es un primer paso excelente”, dijo Brittney Nystrom, directora de política y asuntos legales de National Immigration Forum. “La coordinación a nivel federal, estatal y local es tremendamente necesaria. Sin embargo, este tipo de problemas no tendrá una solución definitiva sin una reforma migratoria”, enfatizó.
Respecto a posibles indocumentados que han sufrido estafas, con miedo de formular reportes, por represalias como la deportación, Mayorkas enfatizó que el objetivo son los estafadores. “Nuestro enfoque es detectar a los individuos que se benefician ilegítimamente de la vulnerabilidad de otros. Pueden llamar a nuestro número 1-877-382-4357 y hacer preguntas sobre la situación en que están”, dijo. “Esta no es una vía para investigar a las personas que busquen nuestra ayuda. Es una herramienta para enfrentar la práctica ilegal de la ley de inmigración”, agregó.
Respecto a los posibles beneficios de individuos que han sido víctimas de estafas y que reporten sus casos, USCIS enfatizó que las víctimas de un crimen, con información valiosa para una investigación, pueden acceder a las visas U, con un cupo anual de 10 mil. “Le damos visas a las víctimas de crímenes, cuando su cooperación es necesaria. Este proceso es evaluado caso a caso. Si tenemos miles de reportes sobre notarios, no esperaría, a su vez, miles de visas”, dijo.
Asimismo, Mayorkas señaló que en las situaciones en que personas hayan sido víctimas de fraude y eso haya resultado en la negación de un beneficio para que cual podrían haber sido elegibles, se revisarán sus casos. (Fuente: Antonieta Cádiz, La Opinión)
