ESTADOS UNIDOS
La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) y grupos de derechos civiles presentaron una demanda contra la ley antiinmigrante HB56 de Alabama.
La ley de Alabama permite que funcionarios escolares verifiquen la condición migratoria de los niños y sus padres; autoriza a la policía a exigir a los conductores documentos que prueben su estatus legal y penaliza la interacción de los residentes con los indocumentados.
La demanda indica que la ley de Alabama, que entrará en vigor el 1 de septiembre, pone en peligro la seguridad pública, incita a la discriminación racial de personas con apariencia extranjera e interfiere con las leyes federales.
Señala asimismo que la HB56 es anticonstitucional porque interferiría con la autoridad federal sobre asuntos migratorios, permitiría cateos y confiscaciones ilegales a ciudadanos estadunidenses y desalentaría las matrículas de hijos de inmigrantes en las escuelas públicas.
Alabama es el quinto estado que ha promulgado leyes que imitan la ley SB 1070 de Arizona, cuyas medidas más estrictas han sido frenadas por los tribunales, que también han impedido que se instrumenten medidas similares en Utah, Indiana y Georgia.
La coalición de grupos de derechos civiles ha anunciado planes para impugnar la ley de Carolina del Sur que también se inspiró en la ley antiinmigrante de Arizona.
Por su parte, la Embajada de México en Estados Unidos indicó que el gobierno mexicano “ha subrayado repetidamente que ciertas estipulaciones de la ley puede afectar adversamente los derechos civiles fundamentales de los ciudadanos mexicanos que viven o visitan Alabama”.
La ley HB56 también “criminaliza a los inmigrantes y potencialmente lleva a la aplicación selectiva de la ley”, de acuerdo con la embajada.
