SALVADOREÑOS
Gobierno de EEUU cooperará en “Caso Jesuitas”
En Estados Unidos y en El Salvador los perseguidos por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas podrían ser capturados
El gobierno de los Estados Unidos dijo el viernes que cualquier “solicitud de ayuda” que sea extendida para llevar ante la justicia a los 19 militares acusados por un tribunal español de matar a seis padres jesuitas, su colaboradora y la hija de ésta en 1989, mientras se espera que la Interpol gire la Alerta Roja en contra de los militares.
La Alerta Roja es una orden de captura internacional que un tribunal de justicia dicta y que tiene que ser cumplida por Interpol en cualquier parte del mundo.
El portavoz de la Oficina para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, William Ostick, dijo a la agencia alemana dpa que “el caso está siendo trabajado por el Departamento de Justicia” de la nación norteamericana.
“Seguimos monitoreando el caso muy de cerca, no podemos comentar detalles porque son casos abiertos, pero estamos trabajando con el Departamento de Justicia para asegurarnos de que cualquier solicitud de ayuda sea recibida con la consideración apropiada”, agregó Ostick.
El pronunciamiento se produce luego de que un grupo de cuatro influyentes senadores demócratas enviaran el pasado 11 de julio una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidiendo la ayuda del gobierno de Barack Obama para llevar ante la justicia a los acusados de la matanza, algunos de los cuales se supone que residan en territorio estadounidense.
“Le escribimos para solicitar su apoyo en los actuales esfuerzos que se realizan para llevar justicia y cerrar un oscuro capítulo en la historia de El Salvador, que involucra el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989”, dice la misiva de los senadores demócratas.
Ostick dijo también que para el gobierno estadounidense “los derechos humanos en Centroamérica son una política muy importante para Estados Unidos”.
“Reconocemos la importancia del principio de responsabilidad y justicia y las dificultades que países como El Salvador atraviesan cuando tienen que pasar por un proceso de reconciliación tras un período de guerra”, aseveró el funcionario.
La carta fue enviada por John Kerry senador por Massachusetts y ex candidato presidencial; Patrick Leahy, de Vermont y miembro de Comité de Finanzas del Senado, mismo que decide sobre la llamada Cuenta del Milenio; Tom Harkin, de Iowa, y Barbara Boxer, de California.
En su carta los senadores le dicen a Clinton que las investigaciones sobre el Caso Jesuitas indican que varios de los acusados recibieron adiestramiento militar en territorio estadounidense, específicamente en Fort Banning, Georgia. Se refieren al Batallón Atlacatl, de reacción inmediata, una de cuyas unidades cometieron el asesinato en la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
“Solicitamos que usted realice todos los esfuerzos posibles que aseguren que los Estados Unidos coopera completamente en los procesos legales pendientes, proveyendo cualquier información relevante u otro tipo de asistencia para la localización de uno de los individuos acusados, quien podría estar residiendo en los Estados Unidos”, señala la carta de los senadores.
Se cree que el ex general y ex viceministro de Seguridad Pública, Heriberto Inocente Montano, reside en Estados Unidos, así como el ex teniente de inteligencia, Héctor Cuenca Ocampo. Ambos están en la lista del juez español Eloy Velasco.
Todos los militares involucrados en la masacre de los padres jesuitas durante décadas se han amparado en una polémica Ley de Amnistía para no ser juzgados por los crímenes cometidos en el cruento conflicto armado salvadoreño (1980-1992) que costó la vida de unas 75,000 mil personas y dejo unos 8,000 desaparecidos.
El caso fue llevado por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA), de California, y la Asociación Española para los Derechos Humanos, ante la Audiencia Nacional de España, desde hace tres años; el juez Eloy Velasco estudió el caso en las últimas semanas giró orden de captura para los 19 militares.
El “Caso Jesuita” en El Salvador
El pasado 26 de julio era la fecha límite para que los 19 militares vinculados al asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, su empleada y la hija de ésta, ocurrido en 1989 en las instalaciones de la UCA, se presentaran ante la Audiencia Nacional de España, sin embargo, éstos no lo hicieron debido a que consideraron que las razones que exponía el juez español Eloy Velasco eran ilegales.
Los 19 militares están acusados de ocho asesinatos terroristas y un delito de lesa humanidad, actos considerados en la justicia universal como “no amnistiables” ni “prescriptibles”.
Los abogados defensores de los militares temen que Velasco emita la “difusión roja”, la cual permitirá la captura por medio de una orden la Policía Internacional (Interpol) y que puedan ser arrestados efectivamente por la Policía Nacional Civil (PNC) en El Salvador.
Es por ese temor que, según el representante legal Lizandro Quintanilla, presentaron ante la Sala de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un hábeas corpus a fin de garantizar la libertad de cada uno de los militares y evitar las detenciones que los abogados consideran arbitrarias e ilegales.
Para Benjamín Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), es lógico que la perspectiva de los militares, junto a sus abogados defensores, sea la de defenderse y que recurran a diversos recursos para resistirse a una detención.
Otra acción que tomó el abogado Quintanilla es la de enviar, el pasado 27 de julio, una carta dirigida al comisionado Howard Cotto, subdirector de Investigaciones de la PNC, en la que le piden abstenerse de capturar a sus clientes si el juez Velasco emite la “difusión roja”.
El director de la PNC, Carlos Ascencio, dijo que la PNC actuará conforme al proceso que dicte la Ley en relación a las personas investigadas en el caso. “De modo que en el momento que eso esté en la institución, nuestro país va actuar de acuerdo a la ley, cuando esté esa notificación (la “difusión roja”) la policía actuará de acuerdo a lo que manda la normativa”, aseguró Ascencio.
Igual postura, a la planteada por el jefe de la PNC había dicho hace varias semanas en México el presidente Mauricio Funes.
Eduardo Cardoza, también representante legal de los militares, aseguró a un medio televisivo nacional que “todos estos señores fueron juzgados aquí y fueron sobreseídos definitivamente y es un principio universal de que nadie puede ser juzgado ni capturado por los mismos hechos dos veces”, amparando la versión de inaplicabilidad de la demanda de Velasco emitida el pasado 30 de mayo.
Uno de esos juicios es el ocurrido en 1991 cuando fueron procesados nueve militares por el caso de los jesuitas, sin embargo, sólo dos de los nueve resultaron culpables, y los otros fueron absueltos. El coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron encontrados culpables del asesinato, pero la Ley de Amnistía los benefició dos años después.
La Ley de Amnistía fue promulgada en 1993 por el presidente de ese entonces, Alfredo Cristiani de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Dicha ley protege a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado (1980-1992), sean militares o guerrilleros.
Benjamín Cuéllar, del IDHUCA, aseguró que una de las cosas que puede interrumpir la aplicación de justicia en este caso es que las CSJ niegue la extradición, favoreciendo a los imputados y no a las víctimas.
“Lo que aquí siempre se ha hecho es que el sistema de justicia protege a criminales, por eso es que está el caso allá en España, precisamente porque aquí no se quiso hacer nada teniendo la obligación de hacerlo”, aseveró Cuéllar.
Los militares procesados
El Ex ministro de Defensa Rafael Humberto Larios; el ex jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce (ya fallecido); el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena Fuentes, Joaquín Arnoldo Cerna, Oscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.
También el ex director de la Escuela Militar ‘Capitán General Gerardo Barrios’, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos, y siete miembros del batallón ‘Atlacatl’, que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara, los cabos Oscar Mariano Amaya y Angel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra. (Fuente:Contrapunto)
