Thursday, April 18, 2024
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Más de 6 mil años de prisión a cuatro exmilitares guatemaltecos

GUATEMALA

  Un tribunal guatemalteco sentenció el martes a cuatro exsoldados a 6,060 años de prisión a cada uno por su papel en la masacre de 250 personas durante la guerra civil del país, informaron medios estatales.

  La agencia estatal de noticias AGN describió el fallo como una “sentencia histórica”. Los familiares y activistas saludaron la noticia y dijeron que esperaban que sentara un precedente para futuras acciones legales. “La sentencia que escuchamos hoy es solo el comienzo”, dijo Aura Elena Farfán, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

  Los cuatro soldados enjuiciados – Carlos Antonio Carias López, Reyes Collin Guali, Daniel Martínez Méndez y Manuel Pop Sun – señalaron que eran inocentes.

  Ellos fueron declarados culpables de crímenes contra la humanidad por su papel en 201 de los asesinatos que se produjeron durante la masacre de 1982 en el pueblo de Dos Erres, ubicado en el norte de la provincia guatemalteca de Petén. “He dicho varias veces que soy inocente… No hay pruebas sólidas”, dijo Carias a Noti7, afiliada de CNN, antes de la sentencia.

  Las Naciones Unidas documentaron 669 matanzas en Guatemala durante los 36 años de guerra civil de la nación, que terminó en 1996. Más de 23 testigos declararon durante el juicio, incluyendo a antiguos miembros de las fuerzas armadas.

  Durante el juicio, los sobrevivientes describieron lo que vieron durante la brutal masacre. Pobladores declararon sobre la desaparición de su familia a manos del ejército, según la agencia estatal de noticias AGN.

  Los hechos se remontan a diciembre de 1982, durante el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt, y la matanza está considerada como una de las masacres más feroces de una década en que la represión militar alcanzó sus más altas cotas de violencia en su combate a la guerrilla de inspiración marxista.

  Los sobrevivientes cuentan que un pelotón de soldados llegó a la aldea Dos Erres (Petén, norte). Separó a las mujeres y los niños de los hombres. A los primeros los asesinaron después de torturarlos. A las mujeres y a los niños los encerraron en la Iglesia, desde donde se podían oír los gritos de los varones, que solo cesaron con los tiros de gracia.

  Posteriormente se llevaron a las mujeres, a quienes violaron con lujo de sadismo. Finalmente, a los niños, a quienes también mataron. Como fosa común utilizaron el pozo de agua que los aldeanos habían excavado para surtirse del líquido. Solo algunos niños logaron sobrevivir. Los testimonios escuchados a lo largo del juicio permiten reconstruir parte del horror. Flavio Pinzón Jerez, de 57 años, un antiguo kaibil, narró por videoconferencia desde México, donde se encuentra refugiado, que Manuel Pop Sun -uno de los condenados- se llevó a una niña hasta unos matorrales en las afueras de la aldea, donde abusó de ella sexualmente. “Al cabo de 20 minutos regresó y, tras decapitarla, la lanzó al pozo”. En sus declaraciones, el antiguo soldado reveló que el grupo de militares estaba integrado por “aproximadamente 40 elementos”.

  Petronila López Méndez, de 65 años, dijo al tribunal que perdió a su esposo y dos hijos adolescentes en la masacre, y acusó a Carias de ocultar información sobre su paradero a raíz del incidente, informó AGN.

  Ella testificó que había pagado dinero a Carias a cambio de su familia, pero nunca volvió a aparecer. Los familiares de las víctimas gritaron cuando la juez Patricia Bustamante leyó la sentencia el martes, informó AGN. Muchos de ellos tenían claveles rojos en sus manos.

  Un anciano se arrodilló en la sala del tribunal después de la sentencia del martes, según la agencia estatal de noticias. “La justicia por fin se ha hecho”, dijo.

  El juicio a los responsables de la matanza tuvo que esperar 28 años. Primero, porque hubo de llegar el fin de las dictaduras militares, en 1985, y la firma de la paz, en diciembre de 1996, para “atreverse” a iniciar un juicio contra los militares, así como por las tácticas dilatorias de los abogados de los uniformados. (Con datos de CNN y El País)

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