INMIGRACION
EU rompe un récord anual en legislaciones sobre inmigración
Si pareciera que los debates sobre propuestas de ley relacionadas con la inmigración se han extendido desde los estados fronterizos de EU hacia los del resto del país, es porque sí lo han hecho.
En la primera mitad del 2011, las 50 legislaturas de los estados de Estados Unidos y Puerto Rico han presentado un número record de proyectos de ley o resoluciones referentes a inmigrantes o refugiados, de acuerdo con un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL por sus siglas en inglés).
Hasta junio, los estados presentaron 1,592 propuestas o resoluciones, comparadas con las 300 que presentaron en el 2005. Pero todo el gran número de voces y documentos sobre proyectos de ley de migración en las cámaras estatales de todo el país no se han visto reflejadas, este año, en un número récord de leyes decretadas, según el informe.
Unas 150 leyes sobre temas migratorios han sido promulgadas en 40 estados durante la primera mitad de este año, comparadas con las 208 que fueron promulgadas en ese periodo durante el 2010, y las 222 del 2009.
Un buen número de esos proyectos de ley fueron presentados, sin embargo, nunca fueron promulgados, mientras que los legisladores estatales prefirieron dejarlas a un lado hasta que existieran resoluciones de la Corte federal sobre las actuales leyes de inmigración. Aunque numerosos proyectos aún no han alcanzado el grado de ley, esto no quiere decir que han sido eliminadas.
Para los estados, “esta es una manera de asegurarnos que el gobierno federal pone atención”, dijo Ann Morse, directora de programa del proyecto de políticas migratorias del NCSL. La gran cantidad de proyectos y leyes relacionadas con la inmigración son, en parte, una expresión de la frustración de los estados, quienes notan una falta de acción por parte del gobierno federal, dijo a CNN.
Los asuntos más importantes en 2011 en materia legislativa de inmigración fueron las nuevas leyes relacionadas con la identidad y las licencias de conducir, corroboración de empleos y la plena ejecución de las leyes, dijo Morse.
Los temas destacaron dada la preocupación sobre terrorismo, aseguró, y tales legislaciones están relacionadas con la documentación y los requisitos de elegibilidad para otorgar identificaciones y todo clase de licencias, desde las de conducir hasta las de portar armas de fuego. Veintitrés de esas leyes fueron promulgadas en 15 estados, en el primer semestre de 2011, informó la NCSL. Otra ley vinculada a esto está pendiente de aprobación por el gobernador de Illinois.
Hasta junio de este año, también hubo 23 leyes promulgadas en 14 estados y en Puerto Rico que tienen que ver con el empleo. Muchas de estas leyes solicitan el uso del programa federal E-Verify para verificar la elegibilidad de una persona a ocupar un empleo, o establecer sanciones para los empleadores que, a sabiendas de que son inmigrantes indocumentados, los contratan.
Mientras el destino de la ley SB-1070 de Arizona sigue en manos de los tribunales, este año cinco estados de EU han promulgado leyes similares. Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah aprobaron estas rigurosas leyes en contra de la inmigración ilegal; y todos, excepto Carolina del Sur, ya enfrentan demandas judiciales.
No todas las leyes en el país relacionadas con la inmigración tienen un ángulo restrictivo, reportó la NCSL.
Utah aprobó una ley que busca crear una fuerza de trabajo de inmigrantes legales. Otros estados aprobaron resoluciones que celebra la herencia étnica de Estados Unidos. (Fuente: Mariano Castillo,CNN).
Arizona pide a la Corte Suprema que permita aplicar la ley SB1070
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita que entre en vigor la polémica ley de inmigración SB1070, que está en suspenso desde julio de 2010.
Funcionarios del gobierno estatal acudieron este miércoles al máximo tribunal estadounidense para presentar una petición, con la finalidad de revertir la orden de una jueza federal que bloqueó cuatro puntos clave de la legislación. Brewer promulgó la normatividad en abril, algunas de cuyas partes ya están vigentes.
El gobierno de Barack Obama y grupos a favor de los migrantes se oponen a que, como plantea la ley, las policías locales puedan detener y ayudar en la deportación de migrantes indocumentados. Tras la solicitud de Brewer, el Departamento de Justicia tiene varias semanas para enviar su apelación a la Corte Suprema.
Los jueces del máximo tribunal se reunirán en privado para decidir si aceptan o no la revisión del caso. Si lo hacen, es probable que los argumentos de las partes sean contrastados a principios del próximo año.
Para Brewer, el tema es de importancia nacional. “Tengo esperanza en que la Corte Suprema decidirá tomar este caso y aportará la claridad que estados como Arizona necesitan, estados que lidian con el significativo costo humano y financiero de la inmigración”, dijo Brewer en un comunicado.
“Durante demasiado tiempo, el gobierno federal ha ignorado este problema, al tiempo que se manifiesta en nuestros vecindarios. La ley SB1070 era una manera de decir que no esperaremos la acción federal. Si el gobierno federal no aplicará las leyes de inmigración, nosotros lo haremos”, agregó.
El problema de fondo es si los estados tienen o no autoridad para ejecutar la legislación migratoria, o si es un asunto exclusivo del gobierno federal.
Arizona argumenta que únicamente ayuda y coopera con las autoridades federales, pero la Casa Blanca sostiene que esa “interferencia” afectará la relación de Estados Unidos con otros países, alterando la colaboración entre naciones y causando perjuicios injustos a los migrantes legales.
Entre otras cosas, la ley SB1070 establecía que los policías de Arizona aprehendieran y ayudaran a deportar indocumentados. El Departamento de Justicia interpuso una demanda argumentando que eso era responsabilidad del gobierno federal.
Este año, un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del noveno circuito respaldó los argumentos de Washington en contra de Brewer. Antes, en julio de 2010, la jueza federal Susan Bolton bloqueó las partes más controvertidas de la legislación, un día antes de que entrara en vigor. (Fuente: Bill Mears, CNN)
