INMIGRACION
El Gobierno de Obama anunció el jueves que estudiará caso por caso los procesos de deportación de inmigrantes indocumentados, y permitirá que se queden en el país aquellos que no hayan cometido delitos. De concretarse este cambio en la política gubernamental, sería una de las decisiones más importantes que ha tomado el presidente Obama en materia de inmigración desde su acceso a la Casa Blanca.
El anuncio lo realizó Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Interior en una conferencia de prensa. “El presidente ha dicho en numerosas ocasiones que no tiene sentido gastar nuestros policiales en casos de baja prioridad”, dijo Napolitano, en referencia a la política de Obama de concentrarse en la deportación de indocumentados que hayan cometido delitos.
Sin embargo, hasta ahora, esta política oficial no había evitado la deportación de miles de personas que no habían realizado ningún acto ilegal en los últimos dos años, aparte de no contar con el visado correspondiente. De las palabras de Napolitano se deduce que a partir de ahora las autoridades pasarán de las palabras a los hechos, y realmente se concentrarán sólo en deportar a criminales.
La nueva decisión, recogida en una carta que Napolitano envió al senador Reid, afecta directamente a las cerca de 300.000 personas cuyos procesos de deportación se encuentran ya en los tribunales. Sus casos serán revisados de forma individual, y si son considerados “de baja prioridad” serán desechados. Pero además, también se beneficiarán los once millones de indocumentados que viven en el país bajo el miedo de ser deportados.
“Creemos que este es un paso muy importante, y satisface una de las demandas que le habíamos hecho a la administración. Ahora hace falta que se aplique realmente la nueva política, y sólo a personas que han cometido delitos o crímenes serios”, declaró a ELMUNDO.es Laura Vázquez, analista de inmigración del Consejo Nacional de La Raza, una de las principales asociaciones latinas.
El movimiento de la Casa Blanca llega sólo un día después de las movilizaciones de grupos de activistas hispanos y de derechos civiles contra la política inmigratoria de Obama. Por esta razón, y por la cercanía de las elecciones del 2012, donde el voto hispano será clave, la decisión tiene un marcado carácter electoral, y servirá para reabrir el inflamable debate sobre la cuestión inmigratoria.
Con el objetivo de aplacar a los grupos conservadores, la administración Obama se había caracterizado por presumir de su vigor en la aplicación de las leyes de inmigración. De hecho, el propio Gobierno había anunciado a bombo y platillo que el año pasado batió el récord de deportaciones, con 393.000 personas expulsadas del país.
Esta actitud ha soliviantado a los grupos de defensa de los inmigrantes, muy descontentos con un Obama que inició su presidencia prometiendo una reforma inmigratoria que abriera la puerta a la legalización de los indocumentados.
Según el análisis de muchos comentaristas hispanos, Obama se está arriesgando a perder el voto latino en 2012, a menos que realice gestos importantes para la comunidad. Sin duda, el anuncio del jueves es el primero de ellos.
Un respiro para millones de inmigrantes indocumentados
El gobierno del presidente Barack Obama, militante del Partido Demócrata, recientemente retomó sus llamados al Partido Republicano para concretar una reforma migratoria que abra un camino a la ciudadanía a unos 12 millones de indocumentados. Los republicanos, sin embargo, se oponen a tal iniciativa.
La carta, firmada por la Secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano y obtenida por La Opinión, especificó que el nuevo anuncio “no provee alivio masivo a ningún grupo. Este proceso no mitigará la necesidad de aprobar Dream Act o una reforma migratoria integral”, dice el documento.
Un importante paso
De momento, el cambio en la política de deportación fue bien recibido por algunos sectores.
El senador Robert Menéndez, miembro del grupo de legisladores hispanos en el Congreso, aplaudió la modificación, que describió en un comunicado como “un importante paso en la decisión correcta”.
Menéndez exhortó al DHS a crear medidas adicionales que ayuden a las familias residentes en Estados Unidos a evitar verse afectadas por la deportación y permanecer juntas.
Líderes del campo migratorio, como el director ejecutivo de National Immigration Forum, Ali Noorani, dieron la bienvenida al trabajo del grupo inter agencias. “Es un paso muy positivo, un avance significativo”, aseguró.
Diversas organizaciones han manifestado públicamente su descontento por el aumento en las deportaciones experimentado desde el inicio de la presidencia de Barack Obama.
En los primeros nueves meses del año fiscal 2010, se deportaron más de 279,035 personas. Previamente, en 2009 el número llegó a 389,834.
En comparación con 2008, el gobierno ha deportado a 79 mil personas con antecedentes criminales en el año fiscal 2010. El mismo Obama, se ha preocupado de aclarar que las deportaciones de personas que no han cometido delitos, ha disminuido. En el año fiscal 2009, 65% de los deportados correspondieron a no criminales y 35% a individuos con antecedentes.
En 2010 la proporción fue 51% y 49%, respectivamente. “Esta tendencia continúa en este año fiscal” explicó una carta reciente, enviada por el mandatario, al congresista Luis Gutiérrez (D-IL).
En el año fiscal 2010, cerca de dos tercios de los no criminales deportados, habían sido arrestados en la frontera y devueltos de inmediato o tenían violaciones anteriores a la ley de inmigración, es decir 131,393 personas.
Contra los criminales violentos y aquellos quienes son verdaderos amenazas a la Ley
El líder de la mayoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Harry Reid, hizo las siguientes declaraciones después que la administración Obama anunciara medidas que asegurarán la eficiencia y eficacia en la aplicación de nuestras leyes migratorias mediante la revisión de cada proceso de deportación. También aquellos quienes pudieran caer en un proceso de deportación en el futuro serán parte del nuevo sistema de revisión individual con el fin de enfocarse en prioridades como la deportación de criminales violentos.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció los cambios en respuesta a una carta del Senador Reid y 21 otros senadores demócratas enviada al Presidente el 13 de abril:
“Aplaudo al Presidente Obama por este paso decisivo que alinea nuestras políticas de control migratorio con nuestra seguridad nacional y las prioridades de orden público. Esta nueva directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece prioridades bajo las cuales nuestros limitados recursos serán utilizados en individuos quienes han cometido crímenes serios, en miembros de pandillas y en personas quienes constituyen una amenaza para la seguridad nacional –en lugar de enfocarse en universitarios y veteranos quienes han arriesgado sus vidas por nuestro país. Esta directriz resolverá una situación insostenible, que causa largas demoras en las deportaciones de narcotraficantes extranjeros y criminales violentos porque nuestros tribunales migratorios se ven abrumados con casos de baja prioridad de personas sin antecedentes penales.
“Me complace especialmente el impacto que estas nuevas políticas tendrán en la vida de los estudiantes que podrían beneficiarse de el DREAM Act. Estos jóvenes son estadounidenses en todo los sentidos, menos en cuestión de papeles: lo son lingüísticamente, culturalmente, por el amor que sienten por esta tierra, y por el anhelo de servir en nuestras fuerzas armadas o hacerse profesionales quienes contribuirían plenamente a nuestra nación. Perdemos mucho al enviarlos a países que en realidad no conocen.
“La decisión del Presidente es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la solución a nuestro problema migratorio debe venir del Congreso. Una vez más, le pido a mis colegas republicanos que se unan a los demócratas en la aprobación de una reforma migratoria integral que sea firme, inteligente y justa – que asegure nuestras fronteras, fortalezca las leyes de inmigración y requiera a los aproximadamente 11 millones indocumentados en nuestro país que se registren con el gobierno y se pongan al día con la ley”. (Con datos de Ricard González, El Mundo y Antonieta Cádiz, La Opinión)
