GUATEMALA
“¡Hasta que se le acabó la suerte. Ya era hora!”. Esta frase, pronunciada con alivio por una joven universitaria, contrasta con las lágrimas de una decena de incondicionales que llegaron hasta la sede del Constitucional de Guatemala para mostrar su apoyo al hombre que gobernó muy alegremente este país centroamericano entre 2000 y 2004. Los jueces acababan de anunciar que Alfonso Portillo podía ser extraditado a Estados Unidos, país que lo reclama por “conspiración para el lavado de dinero”, un delito que puede costarle hasta 20 años de cárcel.
En conferencia de prensa, el presidente del Tribunal Constitucional, Alejandro Maldonado Aguirre, señaló que la decisión fue tomada por unanimidad. En consecuencia, agregó, “queda libre la vía para que Portillo sea puesto a disposición de los tribunales norteamericanos”. Los magistrados incluyeron una cláusula en la que piden que se garantice a Portillo un trato digno, el debido proceso y, de ser hallado culpable, que pueda cumplir su condena en Guatemala.
La sentencia, ya inapelable, pone fin a una batalla jurídica iniciada el 26 de enero de 2010, cuando Portillo fue capturado en el Caribe guatemalteco, justo cuando se disponía a huir hacia Belice para escapar de una orden internacional de captura dictada por un tribunal de Nueva York. Según esta, el exgobernante había utilizado bancos estadounidenses para lavar 70 millones de dólares del erario guatemalteco que malversó durante su gestión.
La captura de Portillo fue posible gracias a la acción decidida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entonces bajo la dirección del magistrado español Carlos Castresana. En aquella ocasión, una fuente de la Comisión dijo a este periódico que las continuas llamadas por móvil que Portillo hizo a sus cómplices en la huida para que le surtieran de licor, facilitaron la localización del prófugo. (Fuente: JOSÉ ELÍAS, EL PAIS)
