EL SALVADOR, CORRUPCION
Francisco Merino todavía era vicepresidente de la República cuando le fue otorgada una propiedad a la orilla del mar en 1994. El lote que obtuvo estaba contiguo a otra parcela que fue entregada a un empresario lotificador. Poco después de que Merino se convirtió en vicepresidente, llegó a sustituir al lotificador en la presidencia de la compañía. Desde entonces han hecho varias transacciones juntos.
Por: Efren Lemus, El Faro
El exvicepresidente Francisco Merino López (1989-1994) y un socio suyo en una empresa lotificadora lograron convertirse en propietarios de terrenos que originalmente estaban supuestos a ser concedidos por el Estado a campesinos sin tierra, con base en los propósitos de la reforma agraria iniciada en 1980.
Tres meses antes de que Merino -ahora diputado por el PCN- terminara su mandato como vicepresidente, él y el administrador turístico Jorge Alberto Rivas Hernández, obtuvieron unos lotes a la orilla del mar en el departamento de La Paz. De esto ya hace más de 17 años.
Rivas Hernández había fundado su propia empresa y era presidente de una lotificadora. En marzo de 1994, la junta directiva del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) dio a aquel empresario, de 42 años, un tratamiento como el que se hubiera esperado que diera a un jefe de grupo familiar rural que, a falta de recursos económicos y sin poseer tierra que cultivar, debía recibir del Estado una parcela. Rivas Hernández, al igual que Merino, la recibió a la orilla de la playa en el municipio de San Pedro Masahuat, con un crédito a bajos intereses y con la posibilidad de acceder a cuatro años de dispensa de pagos si “por fuerza mayor” no podía cancelar la cuota.
“La junta directiva acuerda transferir la propiedad del inmueble a favor de los beneficiarios del proceso de la reforma agraria a título de compra venta con garantía hipotecaria, para el plazo de 30 años”, reza el acta ordinaria 8-94, que la dirección del ISTA aprobó el 3 de marzo de 1994. Ese acuerdo benefició a 31 personas para que obtuvieran un solar en el asentamiento comunitario Las Hojas II. La lista de beneficiarios incluía jornaleros, agricultores, amas de casa, sastres sin taller y otra serie de personas que supuestamente por ser desposeídos tenían derecho a obtener tierras a bajo precio, segregadas de los latifundios expropiados con motivo de la reforma agraria.
A Rivas Hernández le fue adjudicado el solar 97-2, del polígono A, un terreno de un mil 166 metros cuadrados, valorado en 3 mil 335 colones. Según el reparto de solares que realizó el ISTA, Rivas Hernández quedó como vecino de José Francisco Merino López, el entonces vicepresidente de la República.
Hace dos semanas, El Faro publicó un reportaje que daba cuenta de que Merino López y otros dos legisladores lograron convertirse en propietarios de tierras repartidas por el ISTA. Merino López, que hoy es vicepresidente de la directiva de la Asamblea Legislativa, recibió del ISTA la porción dos, lote 97-1, del polígono A, del asentamiento comunitario Las Hojas II. La publicación detallaba que otros dos diputados, Luis Corvera y Elizardo González Lovo, del FMLN y PCN, respectivamente, también habían terminado convirtiéndose en dueños de terrenos que hace unas décadas el Estado compró para repartir entre cooperativas y campesinos pobres.
Entre Rivas Hernández y Merino López no solo existió una relación vecinal, a partir de marzo de 1994. El 23 de julio de 1992, una familiar del entonces vicepresidente de la República y cuatro socios más llegaron ante el notario Carlos Quintanilla Schmidt –también vicepresidente del país entre 1999 y 2004- para crear la Promotora de Inversiones Diversas (Priver), una empresa que se dedica a la compra de bienes raíces, “rústicos o urbanos y la explotación de los mismos mediante la parcelación, lotificación, urbanización y saneamiento”, según los libros del Centro Nacional de Registros.
Ese mismo día, los fundadores eligieron a la junta directiva y el cargo de presidente le fue confiado a Jorge Alberto Rivas Hernández. Según los datos del Registro de Comercio, la empresa inició operaciones hasta un año después y además del negocio de la parcelación también estaba habilitada para la construcción, reparación y decoración de viviendas, locales comerciales y todo tipo de edificaciones, “en inmuebles propios o de terceros”.
Cuando recibió el solar en la hacienda Las Hojas II, Rivas Hernández era el presidente de Priver. Ese cargo lo mantuvo en los siguientes dos años. Fue hasta el 14 de octubre de 1996 cuando llegó el momento del relevo en la junta directiva de la empresa, y en la presidencia de la compañía le sucedió José Francisco Merino López, el exvicepresidente de la República y, en ese momento, diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Eso no significó que Rivas Hernández perdiera protagonismo dentro de la compañía: el 22 de septiembre del siguiente año, recibió un poder general judicial y administrativo que le permitía seguir manejando algunas cuestiones de Priver. Además, también dirigía una empresa familiar bautizada como Margari, S.A. de C.V.
Margari fue creada el 25 de agosto de 1994, cinco meses después de que el solar en la hacienda Las Hojas II había pasado a nombre de Rivas Hernández. Según la escritura de constitución, esa compañía tiene como objetivo desarrollar cualquier actividad de tipo industrial, mercantil o de servicios. No especifica ninguna actividad precisa.
Algunas de las actividades comerciales que ha realizado Margari también están vinculadas con Merino López. Por ejemplo, una de ellas se remonta al 8 de noviembre de 1994, cuando Merino López compró un terreno en el cantón Las Flores, del municipio de San Luis Talpa, en La Paz. La adquisición de ese inmueble le generó problemas cuando, en 1999, el político intentó ser reelegido presidente de la Corte de Cuentas -cargo que ocupaba desde 1998, cuando Hernán Contreras lo dejó vacante para competir por la presidencia de la República-, pero un informe de la misma institución que él pretendía dirigir reprochaba la compra del terreno en San Luis Talpa, porque se trataba de una zona verde que pertenecía a la alcaldía de esa localidad.
Al final, el legislador se quedó el terreno. Casi dos años después de aquellas objeciones, el 30 de marzo de 2001, el diputado hipotecó los 13,560 metros cuadrados del terreno en San Luis Talpa que había sido parte de la hacienda Salamar. La primera hipoteca que el banco Promérica concedió por un monto de 162 mil 751 dólares era a favor de Margari, una sociedad en la que Merino López no aparece ni como fundador, ni como accionista, ni como directivo. El hombre fuerte de esa compañía es Jorge Alberto Rivas Hernández, el vecino del diputado en el terreno de playa, en San Pedro Masahuat.
Pasó el tiempo y el 12 de septiembre de 2009 se abrió una segunda hipoteca, pero esa vez a favor de Priver, la empresa en la que Merino López asumió el rol de presidente y representante legal después de dejar su puesto como vicepresidente de la República.
El miércoles de la semana pasada, El Faro llamó al diputado Merino López para preguntarle cómo explica estas relaciones y la obtención del terreno otrora propiedad del ISTA. Una mujer que se identificó como la secretaria del político prometió informarle de la solicitud. Hace tres semanas, cuando se publicó el primer reportaje, el diputado aclaró escuetamente que había sido víctima de un engaño porque pagó dos veces por esa propiedad.
El Faro también buscó a Rivas Hernández en la dirección de la empresa Margari, en la colonia Jardines de La Libertad, en Santa Tecla. Una empleada se asomó por la rendija de un portón metálico, tomó los datos y prometió trasladarlos a Rivas Hernández. Ese jueves por la tarde, una mujer llamó a este periódico, rehusó identificarse pero sí aseguró que Rivas Hernández tenía una propiedad en la hacienda Las Hojas II, aunque añadió que el mueble ya lo había vendido. Agregó que el administrador turístico vive fuera del país desde hace dos años y que por esa razón no iba a dar declaraciones.
En los últimos cuatro años, El Faro ha publicado una serie de reportajes que han mostrado cómo el ISTA ha sido utilizado como institución de reparto de tierras con fines electorales y para beneficios particulares de los empleados del Instituto. Una de las administraciones del ISTA, presidida por Miguel Tomás López, otorgó tierras en un área protegida a miembros del partido Arena y parientes suyos. Asimismo, uno de sus antecesores repartió tierras a 514 falsos campesinos desposeídos que en realidad eran empleados del ISTA. En este momento, López, que fue dirigente del partido Arena, guarda arresto domiciliario por no haber enmendado el otorgamiento ilegal de tierras a los empleados.
