CENTRO AMERICA

PAG 8 CLa hondureña Berta Cáceres cumplía todos los requisitos para ser víctima de la violencia en Honduras, uno de los países más inseguros del mundo. Mujer, defensora indígena, activista de los derechos humanos, ambientalista y opositora gubernamental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había obligado en 2009 al Estado de Honduras a otorgarle protección policial por las frecuentes amenazas contra su vida como veterana lideresa del (no estatal) Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.

Cerca de la una de la madrugada de este jueves 3 de marzo, unos desconocidos entraron en su casa en una colonia de la ciudad de La Esperanza, cabecera del suroccidental departamento de Intibucá, y la asesinaron.

Citado por el diario La Prensa, de la norteña ciudad de San Pedro Sula, Gustavo Cáceres, hermano de la activista, recordó que “Berta tuvo miles de amenazas. Su arma era la voz, nunca anduvo armada, la amenazaron por su lucha amplia, por la riqueza de nuestros pueblos. Era un tesoro en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas”.

Madre de cuatro hijos, Cáceres encabezó un movimiento que en 2013 y en 2014 logró que el Banco Mundial y la estatal china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, desistieran de edificar una represa hidroeléctrica en el occidental río Gualcarque, catalogado por los lencas como sacro y crucial para su subsistencia.

Su asesinato ha conmocionado a un país con una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes que bajó de 68 en 2014 a 62 en 2015, según la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El embajador estadounidense en Honduras, James Nealon, condenó “fuertemente este repudiable crimen” y “cobarde asesinato”.

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