Seis razones por las que el presidente Obama piensa que la Corte Suprema debería ratificar sus acciones ejecutivas en inmigración

OPINION

Seis razones por las que el presidente Obama piensa que la Corte Suprema debería ratificar sus acciones ejecutivas en inmigración

Por: America’s Voice

El abogado David Leopold analizó el informe entregado por Estados Unidos en el caso de inmigración en su blog.

El gobierno de Obama presentó su informe inicial ante la Suprema Corte en el caso Estados Unidos vs Texas, demanda legal contra DAPA y la extensión de DACA, las acciones ejecutivas del presidente en torno a las deportaciones, con fecha del 20 de noviembre de 2014. He aquí seis argumentos clave que el gobierno ha hecho a la Corte:

1. La demanda es una disputa política, no legal, y no tiene cabida en la corte. El gobierno subraya que el caso es, en el fondo, una disputa política disfrazada de demanda. “La corte de apelaciones revocó una política federal de inmigración a instancias de un grupo de estados que no son objeto de esa política. Su fallo viola límites fundamentales del Artículo III y obliga a las cortes federales a resolver debates complejos sobre política migratoria que la Constitución reserva al Poder Legislativo del Gobierno Nacional”. Y más adelante: “Al interior del Gobierno Nacional, es responsabilidad del Poder Legislativo —no de las cortes federales— establecer y revisar políticas migratorias para nuestra Nación en su conjunto y, de ese modo, considerar las opiniones de diferentes Estados. 6 U.S.C. 202(5). “Reivindicar el interés público (incluyendo el interés público en el respeto a la Constitución y las leyes) es la función del Congreso y del Jefe del Ejecutivo”.

2. Texas y otros 25 estados no tienen fundamento jurídico para demandar al gobierno federal sobre su política migratoria; no es asunto suyo llevar sus acusaciones ante una corte contra DAPA y DACA ampliado. CitandoDaimlerChrysler vs Cuno, en una opinión cuyo autor es el  mismo Presidente de la Suprema Corte, Roberts, el gobierno enfatiza que “ningún principio es más fundamental al rol propio de lo judicial en nuestro sistema de gobierno que la limitación constitucional de jurisdicción del tribunal federal sobre casos actuales o polémicos”. El gobierno continúa, citando Arizona Christian Sch. Tuition Org. vs Winn (otro caso en el que Roberts estuvo en la mayoría), argumentando que para “establecer un derecho, un demandante debe mostrar, como mínimo, que ha sufrido un perjuicio individual en un ‘interés legalmente protegido’”. El demandante indica que Texas sufrió perjuicios, argumenta el gobierno, “lo que no son más que acusaciones de efectos indirectos o incidentales del gobierno, no invasiones sobre intereses legalmente protegidos por la Constitución”.

3. El caos sobrevendrá en las cortes si se le permite a Texas demandar al gobierno federal en torno a la política migratoria. Permitir que este caso avance, según el gobierno, “puede alterar drásticamente el designio constitucional al enredar a las cortes en toda clase de disputas entre el gobierno federal y un Estado, o facciones en pugna en los Estados, sobre la política de inmigración”. El gobierno argumenta que eso desatará una avalancha de casos que ahogarán a las cortes federales con reclamos presentados por los estados que no están de acuerdo con una política federal. “Si los estados pudieran establecer el fundamento jurídico sobre la base de los efectos indirectos de las opciones de política federal en relación con la aplicación de la ley migratoria, las cortes federales estarían saturadas de toda clase de querellas a instancias de los Estados que no están de acuerdo con las decisiones de la política federal. Tal fallo permitiría a cualquier estado evadir las limitaciones estructurales sobre su autoridad y causar la misma clase daños que aquellas limitaciones pretenden evitar”. Posteriormente, el gobierno continúa: “Permitir a los Estados desafiar tales decisiones con base en sus efectos indirectos alteraría los principios de federalismo y separación de poderes que forman la base de nuestra estructura constitucional”.

4. El caso no es sobre la autoridad del Sr. Obama para otorgar la suspensión temporal de la deportación —todo mundo está de acuerdo en que el Presidente tiene esa autoridad—, sino sobre la objeción de los republicanos a permitir que los padres indocumentados tengan la oportunidad de trabajar legalmente para sostener a sus familias. “Los querellantes no discuten que el Secretario tenga discreción para establecer políticas para no proceder a deportar a cada persona potencialmente elegible con base en lo que se ha Establecido —y de hecho por no proceder a la deportación del mayor número de extranjeros que él ha determinado como no prioritarios para aplicar la ley. El Secretario entonces tiene amplia autoridad para notificar a esos extranjeros de baja prioridad que ha tomado una decisión no vinculante para no deportarlos durante un determinado periodo. El verdadero objetivo de la objeción legal de los querellantes no es la acción diferida en sí misma, sino la disponibilidad de autorización de trabajo como consecuencia”. El gobierno entonces provee a la Corte una explicación detallada de la disponibilidad de autorización de empleo para los inmigrantes indocumentados a los que se les otorgó la acción diferida demostrando que esto no es nada nuevo, y que está bien fundamentado en la ley.

5. El Congreso efectivamente ha autorizado DAPA y la extensión de DACA. El gobierno utiliza hábilmente el fracaso de los republicanos del Congreso de restarle fondos a DACA y DAPA en contra de los demandantes del Partido Republicano argumentando que el fracaso y la subsiguiente financiación de DAPA y DACA es equivalente a la conformidad del Congreso. “El Congreso ha considerado una serie de proyectos de ley que prohibirían la implementación de DACA (y posteriormente DAPA) o bloquear los fondos, a menos que sean revocados, y eso limitaría la autoridad del Secretario para otorgar autorización de empleo. Por ejemplo, H.R. 5759, 113th Cong., 2d. Sess. (2014). Ninguna ha sido aprobada en la Cámara de Representantes ni en el Senado, mucho menos se han convertido en ley. Después de mucho debatir, el Congreso ha preferido  proclamar dos proyectos de ley de asignaciones que dan fondos al DHS, dejando intactos DACA y la autoridad del DHS sobre la acción diferida y la autorización de empleo. Ley de Asignaciones 256 de 2016; Ley de Asignaciones, 129 Stat. 42 de 2015”.

6. La afirmación de los republicanos de que el fallo de la acción diferida viola la Cláusula Apego a las Leyes no vale ni el papel en que está escrita. El gobierno casi rechaza el reclamo de los estados de que DAPA y la extensión de DACA violan las obligaciones del presidente con base en la Cláusula de Apego a las Leyes, dedicando tan sólo tres (3) páginas a ello al final del informe. El gobierno argumenta que los estados “simplemente usan la Cláusula de Apego a las Leyes para disfrazar sus argumentos legales con un atuendo constitucional… Y en cualquier caso, el Secretario está ejecutando fielmente la pesada y compleja tarea de administrar y hacer cumplir la ley migratoria”.