SECCIÓN 353 INFORME DE ACTORES CORRUPTOS Y ANTIDEMOCRÁTICOS: 2023
Informe al Congreso sobre personas extranjeras que a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 22 USC 2277a(b): Sanciones específicas para combatir la corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
De conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos (22 U.S.C. 2277a(b)) (la Ley), enmendada, este informe se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al Comité Judicial de la Cámara y al Comité Judicial del Senado.
La sección 353(b) requiere la presentación de un informe que identifique a las siguientes personas: personas extranjeras que el Presidente haya determinado que han participado a sabiendas (1) en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos; (2) en corrupción significativa; y (3) en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluidos los siguientes:
Corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. El 21 de junio de 2021, el Presidente delegó su autoridad bajo la Sección 353 al Secretario de Estado.
Según la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. Cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada. De conformidad con la Sección 353(g), este informe se publicará en el Registro Federal.
Este informe incluye a las personas que se ha determinado que participaron en la actividad relevante en base a información creíble o denuncias de la conducta en cuestión, de informes de los medios y otras fuentes.
El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Departamento también continúa revisando información creíble adicional y denuncias sobre corrupción o actividad antidemocrática y utiliza todas las autoridades correspondientes, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos.
EL SALVADOR
– José Miguel “Mecafé” Antonio Menéndez Avelar, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones, incurrió en una importante corrupción al dirigir un contrato del Ministerio de Obras Públicas por $8,4 millones para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango, El Salvador, a un empresario guatemalteco. A cambio, Menéndez recibió ilegalmente un pequeño avión, un Beechcraft King Air 90, como regalo.
– Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, un banco estatal, cometió una importante corrupción al lavar $97 millones a cambio de $72,000 en sobornos.
– Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente del Banco Hipotecario, un banco estatal, cometió una importante corrupción al lavar $94,5 millones a cambio de $64.500 en sobornos.
– Jolman Alexander Ayala, ex oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario, un banco estatal, participó en una importante corrupción al lavar $177 millones a cambio de $78,000 en sobornos.
– Carlos Mauricio Funes Cartagena, ex presidente de El Salvador, participó en una importante corrupción al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas del estado.
– Salvador Sánchez Cerén, expresidente y vicepresidente de El Salvador, participó en una importante corrupción al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de $1.3 millones en fondos públicos a cambio, y participó en un esquema para desviar $183 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente.
GUATEMALA
– Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, actual fiscal, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
– Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, incurrió en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y coimas, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
– Fredy Raúl Orellana Letona, un juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Gendri Rocael Reyes Mazariegos, exministro del interior, involucrado en una importante corrupción.
– Joviel Acevedo Ayala, el actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), se involucró en una importante corrupción al brindar apoyo político a STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.
– Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, un juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
– Lesther Castellanos Rodas, ex juez y actual relator guatemalteco contra la tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
– Melvin Quijivix Vega, el actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada.
– Omar Ricardo Barrios Osorio, actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, socavó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
– Walter Ramiro Mazariegos Biolis, Rector de la Universidad San Carlos, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento.
HONDURAS
– Alex Alberto Moraes Giron, exgerente administrativo de Inversiones Estratégicas de Honduras, de propiedad estatal, se involucró en una importante corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluso al defraudar al gobierno hondureño por aproximadamente $1,6 millones destinados a máscaras faciales para uso del personal médico.
– Alexander López Orellana, el actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, incurrió en una importante corrupción al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
– Edna Yolany Batres Cruz, exministra de salud, incurrió en una importante corrupción cuando defraudó al gobierno hondureño en más de $300,000 al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida.
– Jesús Arturo Mejía Arita, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), cometió una importante corrupción al otorgar contratos no competitivos o sobrevaluados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.
– Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, incurrió en una importante corrupción al cometer fraude para mantener indebidamente un contrato de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones de sus actos corruptos al intimidar a los periodistas.
– Miguel Rodrigo Pastor Mejía, ex director de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, participó en una importante corrupción, lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros, al otorgar $2,76 millones en contratos del gobierno hondureño a una empresa de construcción controlada por Cachiros.
– Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, exministro de Energía y exasesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos estatales a través de la sobrevaluación de proyectos de obras públicas.
– Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras del Partido Liberal, socavó los procesos o instituciones democráticos al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.
– Víctor Elías Bendeck Ramírez, un empresario privado y ex miembro del Parlamento Centroamericano, se involucró en una corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, y al usar su influencia con funcionarios gubernamentales para su beneficio personal.
– Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, el actual presidente del Partido Liberal de Honduras, socavó los procesos o instituciones democráticos al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con los funcionarios del gobierno para eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable de propiedad familiar.
NICARAGUA
– Wendy Carolina Morales Urbina, la actual fiscal general de Nicaragua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al utilizar la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.
– Arling Patricia Alonso Gómez, la actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
– Gladis de los Ángeles Báez, la actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
– Loria Raquel Dixon Brautigam, la actual primera secretaria de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
– Alejandro Mejía Ferreti, el actual tercer secretario de la Asamblea Nacional, socavó los procesos y las instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
– Rosa Argentina Solís Dávila, jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
– Ángela Dávila Navarrete, actual jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la corte de apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
– Denis Membreño Rivas, el actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.
– Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.
– Valeria Maritza Halleslevens Centeno, actual directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR), socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
– Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
– Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial de Nicaragua como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin una base legal.
– Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar pensiones de adversarios políticos sin una base legal.
