EL SALVADOR
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador confirmó el jueves que las peticiones de extradición del gobierno de España para 13 de los 20 ex militares acusados de ser responsables de la masacre de los jesuitas de la UCA en 1989 ya fueron recibidas y transmitidas a la Corte Suprema de Justicia.
El pasado 2 de diciembre el gobierno español decidió pedir la extradición como había solicitado el juez de la Audiencia Nacional Española Eloy Velasco, que desde 2009 instruye la causa del caso.
Según el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, esas peticiones de extradición ya fueron trasladadas inmediatamente a la autoridad competente, “tal como lo mandan nuestras leyes, y como lo habíamos anticipado”.
Según fuentes de Cancillería, las peticiones llegaron el miércoles 11 de enero, inmediatamente fueron firmadas por el canciller y trasladadas a la Fiscalía General de la República (FGR), desde donde serán enviadas a la CSJ.
Será esta instancia la que finalmente decida qué hacer con esas peticiones de extradición, que implican por sí mismas la detención de los afectados y su envío a España.
En anteriores ocasiones la CSJ ya ha fallado a favor de los acusados en este caso, al estar la mayoría de magistrados en la sintonía de los abogados de los militares y de la derecha del país, sobre todo el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que defienden que el caso ya fue juzgado en El Salvador en 1991, que estas personas están protegidas por la Ley de Amnistía y que el delito ya prescribió.
Estos argumentos son desmontados por el juez Velasco en un auto, en el que además narra pormenorizadamente el proceso de toma de decisión del que salió la orden de asesinar al rector de la UCA, el padre Ignacio Ellacuría, “y no dejar testigos”.
Ellacuría, reconocido filósofo y mediador entre los dos bandos que entonces libraban la guerra civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992, recibió durante los días previos a la masacre duras acusaciones y amenazas explícitas desde la emisora radial del Ejército, Radio Cuscatlán.
Según las investigaciones del juez español, la cúpula de la Fuerza Armada de aquel entonces, que casi en su totalidad se correspondía con la llamada Tandona, decidió asesinar a Ellacuría para dar un golpe de efecto en el proceso de diálogo que aquél protagonizaba, que irremisiblemente llevaba a un proceso de paz del que solo podía resultar, como así ocurrió finalmente, una pérdida de poder importante de la cúpula militar.
España solicitó a El Salvador la extradición de los generales Rafael Humberto Larios (exministro de Defensa) y Juan Rafael Bustillo (excomandante de la Fuerza Aérea salvadoreña) y de los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo. También pidió la entrega de los coroneles Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares, así como del teniente José Ricardo Espinoza Guerra, el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos y el cabo Óscar Mariano Guzmán.
Todos ellos están acusados del asesinato de seis padres jesuitas, cinco de ellos de nacionalidad española, una de sus empleadas y una hija de ésta, el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). (Fuente: Contrapunto)
