EL SALVADOR
Ejecuciones extrajudiciales, abuso policial y hacinamiento carcelario, dice Informe del Departamento de Estado de EEUU.
Los principales problemas que tiene El Salvador en materia de derechos humanos, según el gobierno de los Estados Unidos, son la corrupción esparcida en el Órgano Judicial y alto nivel de impunidad promovido por los cuerpos de seguridad.
Así se traduce un fragmento sumario del Reporte de la situación de los Derechos Humanos por países en el año 2011, dado a conocer este jueves por el Departamento de Estado.
De los siete indicadores que contiene los reportes para cada país, el gobierno estadounidense mira con más preocupación la impunidad y corrupción persistente en los cuerpos de seguridad y el aparato judicial, aun cuando se reconocen los intentos del Ejecutivo salvadoreño por depurar malos elementos del sistema penitenciario y de la policía.
Por el lado de la seguridad, el Departamento de Estado reportó en el año 2011, siete denuncias recibidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sobre alegadas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la PNC.
La Inspectoría General de la PNC destacaba en dicho año que 8 agentes policiales fueron acusados por cargos de homicidio, así como 27 policías más fueron arrestados por el mismo delito.
Asimismo la PDDH consigna 166 denuncias de presuntos actos de tortura y vejámenes semejantes, perpetuados por elementos de la PNC y 846 violaciones a la integridad humana, en los cuales se responsabiliza a integrantes de la corporación policial en el cometimiento de 575 de estos actos.
Además se hace eco que, debido a una política pública de seguridad ineficiente, inadecuado entrenamiento de la PNC y liderazgos inefectivos a niveles de mandos altos, se hace difícil identificar, atrapar y enjuiciar a criminales, lo cual también provoca el descrédito del sistema de justicia por parte de la población.
Del sector justicia, el reporte indica que este adolece de ineficiencia, pugnas internas por motivos políticos y falta de recursos; provocando que el índice de sentencias contra criminales sea menor al 5 por ciento, según da cuenta el Departamento de Estado.
De la misma forma se trata el problema de la depuración de jueces, que de acuerdo al Reporte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió el año anterior un total de 219 denuncias contra jueces corruptos; suspendiendo definitivamente solo a dos jueces y seis más de manera parcial.
La evaluación dedica un apartado especial a la aprobación y posterior derogación por parte de la Asamblea Legislativa, del decreto 743 que obligaba a la Sala de lo Constitucional de la CSJ a emitir sus fallos con los votos de sus cinco magistrados.
El Departamento de Estado interpreta que las restricciones que se le intentó poner a la Sala, fueron motivadas por “decisiones políticamente sensibles” como la promoción de reformas electorales, permitir candidaturas no partidarias y ordenar la cancelación del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
“No comparto ese punto de vista”
Las primeras reacciones emitidas por el presidente Mauricio Funes sobre el informe, fueron de desconocimiento del contenido del mismo. Sin embargo, el mandatario manifestó que las autoridades del Departamento de Estado con las que se ha reunido, no le trasladaron en ningún momento preocupación sobre su participación en la sanción al decreto 743.
Los magistrados Rodolfo González Bonilla, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y José Belarmino Jaime, electos en julio de 2009, han emitido polémicas sentencias a partir de 2010 desde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El reporte del gobierno estadounidense hace un resumen de las sentencias vinculándolas a las limitaciones pretendidas por Funes y los diputados: “Las limitaciones respondían a una serie de decisiones sensitivas políticamente aprobadas por la Corte en 2010 y 2011 que afectaban leyes electorales, cancelación de partidos políticos y la permisión a los candidatos independientes para postularse por un cargo”.
También cuenta que, el 27 de julio, siguiendo protestas de más de una docena de organizaciones civiles, la Iglesia Católica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asamblea Legislativa derogó el decreto al final del año. Pero observa que los magistrados todavía enfrentaban la posibilidad de un juicio político. Se refieren a una solicitud de antejuicio pedida a la Fiscalía General de la República por 10 magistrados enfrentados contra el grupo de los cuatro. (Fuente: Contrapunto)
