EL SALVADOR
Cuando la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tener pruebas suficientes para culpar al sacerdote español Antonio Rodríguez (conocido como Padre Toño) por supuestos delitos de extorsión relacionados a miembros de la pandilla 18, los abogados defensores no pensaron que estas fueran suficientes para que, este martes 5 de agosto, la jueza decretara instrucción formal con detención para Rodríguez y otros 36 involucrados. Al menos, por cinco meses más.
Sin embargo, la jueza del tribunal especializado de instrucción B de San Salvador habría aceptado cada uno de los recursos presentados por la Fiscalía. Así habrían asegurado fiscales del caso, minutos después que la Jueza negará la presencia de medios de comunicación en la audiencia contra el sacerdote y otros supuestos implicados.
La mañana del pasado martes el fiscal Alvaro Rodríguez, aseguró que entre las nuevas pruebas se presentaría la grabación de una serie de llamadas telefónicas. Estas, según el fiscal, comprobarían la participación de Rodríguez en un caso de extorsión en el mercado Colón, en Santa Ana y el ingreso de objetos ilícitos a centros penitenciarios.
El fiscal aseguró que el padre Toño habría tenido contacto permanente en el lapso de marzo del presente año hasta principios de julio, como colaborador de una agrupación ilícita, dirigida por Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias el “Viejo Lin”, con quien se le habría relacionado desde el lunes pasado.
El líder pandilleril habría gestionado con Rodríguez, desde el centro penal de Cojutepeque, en Cuscatlán, el traslado de reclusos de alto riesgo del penal de Zacatecoluca, hacia otros penales de menor seguridad, entre estos a Douglas Giovanni Velázquez Navas, apodado “el Payaso”.
Por si los supuestos delitos fueran pocos, Rodríguez aseguró además que el padre Toño habría mediado con autoridades para bajar la intensidad de los bloqueadores de llamadas en los centros penitenciarios. Sin embargo, no reveló nombres de los presuntos funcionarios implicados en dicha acusación.
No obstante, para Nelson Flores, uno de los seis abogados defensores de Rodríguez, las pruebas siguen siendo insuficientes. Aunque estas descartarían la inocencia del sacerdote en los casos imputados, Flores asegura que Rodríguez seguirá sometiéndose al proceso “porque está libre de culpas”.
Si bien es cierto, detalla Flores, en una de las llamadas telefónicas grabadas por el Centro de Intervención telefónica se escucha a Rodríguez conversar con un reo sobre el ingreso de un televisor al centro penitenciario de Cojutepeque, Flores asegura que en ningún momento se registró de que verdaderamente el sacerdote haya ingresado tales artículos de manera ilegal a un centro penitencial.
Incluso Flores negó que Rodríguez haya planificado el ingreso del artículo sin la autorización de la Dirección de Centros Penales. De haberlo hecho, recalca Flores, la Fiscalía deberían haber presentado pruebas valederas de que dicho artículo fue encontrado dentro del centro.
Mientras tanto, el abogado defensor aseguró que las llamadas no habrían dicho absolutamente nada de otros delitos con los que se relaciona a Rodríguez.” Lo que se escucha son conversaciones privadas” dice, sobre grabaciones donde, incluso, se habría escuchado platicas con familiares que habrían venido a visitarlo este año desde España.
Otras pláticas con pandilleros habrían sido siempre como parte del proceso de diálogo, reitera. Aunque el Fiscal Luis Martínez ha negado en múltiples ocasiones su arbitrariedad en el caso contra el sacerdote, defensores sostienen que el proceso continúa siendo “amañado”. Agregan que la apresurada aparición de diversos delitos con otra el imputado demuestra, en palabras de Flores, una intención clara de la Fiscalía por querer dañar el proceso de pacificación.
La resolución de esta última audiencia por el delito de extorsión implicaría que los 37, implicados, incluido el padre Toño, estén detenidos al menos por seis meses más, cuando se prevé que el Juzgado especializado de Santa Ana los llame a una próxima audiencia. (Fuente: Contrapunto.com)
