La abogada de Molinos de El Salvador (MOLSA) y candidata a diputada del partido Nuestro Tiempo, Bertha María Deleón, quien trató de evitar que la empresa MOLSA pagara más de dos millones de dólares por imponer precio de la harina de pan en El Salvador, hoy llama a los estudiantes de derecho a que actúen con legalidad.
En mayo de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró legal las sanciones impuestas por la Superintendencia de Competencia (SC) a esas harineras, debiendo hacer efectivo el pago de su respectiva multa de $1,971,015.16, para MOLSA propiedad de Adolfo “Fito” Salume Artiñano y $2,061,406.20, a HARISA, luego que resultaran culpables por imponer precios de la harina de pan en el país, al grado de repartirse el mercado salvadoreño al estilo “Corleone”.
HARISA pagó de forma voluntaria la multa en agosto de 2017, no así MOLSA que utilizó todos los recursos legales para tratar de evitar el pago de la multa y lo hizo hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) siguió un proceso de ejecución de sentencia y que derivó en el embargo de las cuentas bancarias de la referida empresa.
Según estimaciones de la SC, el acuerdo entre estas dos harineras les habría lucrado por más de $10 millones cada uno de los tres años que fue investigado el cártel, dado el sobreprecio generado artificialmente, el cual se ha calculado en un 22%. Esta práctica anticompetitiva habría implicado, según estimaciones de la institución, un sobreprecio para los consumidores de $25 millones por la harina de trigo comprada, entre noviembre de 2008 y diciembre de 2010.
Con la prueba recabada se demostró que dichas empresas acordaron repartirse el mercado en 55% para MOLSA y 45% para HARISA, respectivamente, sin permitir que otra empresa ingresara a El Salvador a la venta de harina de pan y si lo hacía, debería de pagar aranceles altos y plegarse a ellos. Sin embargo, el precio de la harina bajó cuando comenzó a moler Molino San Juan de la empresa GUMARSAL y por lo cual sus dueños fueron acusados de narcotraficantes, al grado que uno de ellos fue incluido en la lista de los Estados Unidos por narcotráfico, pero fue sacado de la lista tras verificar lo contrario.
Pese a ello, la Fiscalía General de la República administrada por Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, montó un operativo para capturar a los empresarios Adán Salazar, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra Umaña, entre otros. La captura de ellos se hizo efectiva dos días después que las autoridades estadounidenses habían sacado sus nombres y en especial el de Adán Salazar.
Todos fueron ligados con el cártel de Texis, que según ellos fue creado por el periodista Héctor Silva Ávalos y replicado por el periodista costarricense, Lafitte Fernández, quien mandaba a publicar con prestanombres paginas completas en medios escritos y en cuyos comunicados exigía que los dueños de GUMARSAL fueran investigados por estar ligados al cártel de Texis.
Con toda esa trama de ilegalidades, la abogada de MOLSA trato de maniobrar para que su cliente Adolfo Salume no pagara la multa que el impuso la Superintendencia de Competencia.
Ahora Bertha María Deleón por medio de sus redes sociales dice: “Colegas abogados y abogadas, sobretodo jóvenes, no se presten a falsear los hechos, no se presten a seguir acciones legales infundadas, improcedentes, injustas solo por ganarse unos pesos. No sirvan a clientes mafiosos que usan las instituciones para vendetas”.
En ese sentido añadió que: “La carrera universitaria, la autorización de abogado cuesta tiempo, sacrificio, amor, entrega.. ejerzamos con ética, responsabilidad y lealtad. No comamos del sufrimiento y del dolor ajeno. Acordémonos que el que a hierro mata, a hierro muere y solo es cuestión de tiempo”.
