TEXAS
El ciudadano mexicano Ramiro Hernández Llanas, condenado por asesinato y violación, fue ejecutado este miércoles 9 de abril en el estado de Texas, Estados Unidos.
Después de recibir una inyección letal, Hernández, que a sus 44 años llevaba 15 en el corredor de la muerte, fue declarado muerto a las 18:28 hora local (23:28 GMT).
Hernández se convirtió así en la sexta persona en ser ejecutada por el estado de Texas en lo que va de año. En todo EE.UU. van 16.
El gobierno mexicano, que intentó impedir la ejecución, expresó su “más enérgica protesta”.
Antes de morir, Hernández declaró estar en paz y pidió perdón a la familia de la víctima. “Gracias Dios, voy contigo”, dijo antes de fallecer, según el Departamento de Justicia Criminal de Texas.
En 1997, Hernández se encontraba indocumentado en EE.UU. cuando mató a un exprofesor de universidad que lo había empleado para hacer unos trabajos de renovación en su casa. Era un prófugo de la justica de México al escapar de una cárcel en ese país, donde cumplía una condena de 25 años por otro asesinato cometido en 1989.
Sin conocer los antecedentes, Glen Lich, de 49 años, contrató al prófugo mexicano para remodelar la casa de su hacienda cerca de la ciudad Kerrvile. Varios días después, Hernández Llanas alejó a Lich de la casa con el pretexto que tenía un problema con un generador y mató al hombre golpeándolo con un barrote de acero. Luego entró a la casa y atacó a la mujer de Lich.
Tras su sentencia en 2000 por ese asesinato, se encontró en una lista de más de 45 ciudadanos mexicanos esperando ser ejecutados en Estados Unidos cuando, en 2004, el Tribunal Penal Internacional en La Haya, Holanda, determinó que los condenados no habían sido debidamente informados de sus derechos consulares cuando fueron arrestados.
Euclides del Moral, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó el martes que “la ejecución de un ciudadano mexicano causa gran preocupación”.
Sin embargo, ese asunto no jugó un papel importante en la apelación de Hernández Llanas, cuyo proceso se concentró principalmente en afirmaciones de incapacidad mental que lo hacían inelegible para recibir la pena de muerte.
Los abogados de Hernández también buscaban frenar la ejecución para conocer quién era el proveedor de la droga (penobarbital) utilizada en la inyección letal.
Exigían conocer la fuente para estar seguros que no ocurrieran traspiés durante la ejecución.
Pero las autoridades en Texas rehusaron revelar la identidad del proveedor del sedante arguyendo que era necesario guardar el secreto en aras de la seguridad del mismo. (Con datos de BBC)
