BOLIVIA
Evo Morales vive su peor crisis política desde que llegó al poder en Bolivia
El Gobierno de Evo Morales afronta la peor crisis política y social desde que accediera a la presidencia de Bolivia, hace seis años. Pese al reajuste de su Gabinete no solo no ha logrado apaciguar el descontento ciudadano sino que ha visto aumentar el grado de desconfianza sobre su respeto por la democracia y su capacidad de gestión para solucionar un conflicto que, de una protesta local, ha pasado a ser una cuestión nacional después de la violenta represión policial contra una manifestación indígena.
La poderosa Central Obrera Boliviana (COB) convocó el miércoles a una huelga con carácter inmediato que consiguió paralizar en gran parte el país y alterar la vida cotidiana con manifestaciones callejeras y bloqueos en los puntos estratégicos de circulación en la mayor parte de las ciudades bolivianas. A la protesta se sumaron las universidades, las juntas vecinales -muchas de ellas de El Alto a pesar de ser un bastión del partido gobernante-, y los comités cívicos y entidades civiles de los nueve departamentos del país.
Al mismo tiempo en el departamento de Santa Cruz, el más grande de Bolivia y el que presenta un mayor grado de oposición a Morales, se mantenía por tercer día consecutivo una huelga de hambre, solidaria con los indígenas. Aun cuando las actividades escolares se suspendieron, las oficinas del Estado cumplieron con relativa normalidad sus actividades.
Todos los convocantes expresaban su apoyo a los habitantes del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y, manifestaban su repudio a la actuación de la Policía. La manifestación de las etnias chiman, yuracaré y moxeña y otra veintena de pueblos originarios reclamaba que se aplicaran sus derechos constitucionales y fuera amparada su negativa a la construcción de una carretera que partirá en dos el TIPNIS.
Renuncian autoridades
Autoridades del gobierno del presidente Evo Morales se vieron obligados a dejar el gabinete ministerial tras la brutal represión perpetrada el pasado domingo contra marchistas que defienden la preservación del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
En medio de contradicciones sobre quién habría ordenado la violenta intervención policial contra los indígenas, renunciaron el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, este último fue criticado también por la actuación policial en conflictos menores como la Apacheta, Caranavi y Uncía.
Para el analista Gustavo Pedraza, las renuncias de las autoridades no son suficientes para calmar la tensión social, porque el conflicto de la defensa del TIPNIS “mutó” después de la violenta represión policial del domingo para convertirse en una demanda de justicia de todo el país.
En tanto, la dirigente de los marchistas indígenas, Justa Cabrera, manifestó su rechazo a las acciones gubernamentales y culpó al mandatario Evo Morales por los excesos cometidos, especialmente contra mujeres y niños. En testimonio de otra afectada, que fue arrastrada, maniatada y amordazada por policías, los derechos de los indígenas no son respetados y que su territorio está siendo avasallado por los cocaleros. (Con datos de El País)
