La Superintendencia de Competencia (SC) inició un procedimiento sancionatorio contra dos empresas de seguridad privada que habrían fijado precios para unificar los precios que cobrarían a sus clientes, lo cual es una clara violación que es penada por el artículo 25 de la Ley de Competencia.
Las empresas en mención en Seguridad e Investigaciones Empresariales de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable (S.I.E.D.E.S., S. A. de C. V.) y Multi-inversión Salvadoreña, Sociedad Anónima de Capital Variable (MUINSA, S. A. de C. V.); ambas empresas del sector de servicios de seguridad privada.
Según delegados de la Superintendencia de Competencia, las dos empresas están siendo investigadas por posibles violaciones al artículo 25 letra “C” de la Ley de Competencia (LC), relacionadas con acuerdos entre competidores, mediante la fijación o limitación de precios en subastas en cuatro procesos de compra promovidos por dos instituciones públicas.
Los procesos de compra suman más de dos millones de dólares y fueron adjudicados entre el 2020 y el 2023, por lo que se suma una falta por año.
La fijación o limitación de precios es perjudicial porque impide la competencia en igualdad de oportunidades; cuando se trata de fondos públicos, las instituciones contratantes no pueden tener un panorama completo y transparente para elegir el servicio que mejor les convenga, a un precio competitivo, que posibilite el uso eficiente de los recursos del Estado.
El artículo 44 de la Ley de Competencia faculta al Superintendente a investigar y requerir información, así como realizar otras diligencias de registros, entrevistas e inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa que permitirá esclarecer los hechos.
Como resultado del procedimiento sancionador, la SC está facultada por la Ley para determinar responsabilidades e imponer multas según la gravedad de la infracción, daños y otros criterios determinados en la investigación.
Con esta actuación oportuna, la Superintendencia de Competencia sigue protegiendo y defendiendo la competencia en beneficio de todos los salvadoreños.
Estas dos empresas también son investigadas por el Ministerio de Trabajo al violar los derechos laborales al no pagar horas extras, nocturnidad, vacaciones y otras prestaciones a que tienen derechos los trabajadores de seguridad privada.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, libra una batalla a nivel legislativo para que los diputados aprueben una reforma que permita beneficiar a hombres y mujeres que trabajan se seguridad privada.
